El último informe de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP, diciembre 2012) “Indicadores de investigación e innovación de las universidades públicas catalanas” pone de manifiesto la repercusión del sistema universitario catalán en la sociedad y la economía del país y, a pesar de disponer de una financiación notablemente inferior, lo equipara en resultados a los sistemas de los países más avanzados de Europa.

La última década, según el informe, el sistema universitario público catalán ha alcanzado “la madurez y la excelencia” suficientes para obtener y generar conocimiento de una manera “eficiente y eficaz”. Por eso, en un momento en que, desde algunos medios, parece que se quiera poner en duda el rol de la universidad pública como creadora de conocimiento y garante del bienestar social, cabe recordar que el primer compromiso de la universidad es que la formación de sus estudiantes y la investigación de sus investigadores contribuyan de forma decisiva a mejorar el bienestar material y a enriquecer el tejido social y cultural de nuestra sociedad.

Las universidades somos instituciones de formación en un sentido plenamente integrador de la palabra: impartimos conocimiento científico, humanístico y técnico pero también cultural y cívico. En nuestra misión docente, las universidades también educamos en valores, tratando de fomentar una participación ciudadana libre y comprometida con los principios de las sociedades democráticas, con un firme compromiso hacia nuestro país, hacia nuestra lengua y hacia nuestra cultura.

Al mismo tiempo, ejercemos nuestra función como ascensor social, convirtiendo a Cataluña en la región de la OCDE con la mayor proporción de estudiantes universitarios que han mejorado su nivel de estudios en relación con el de sus padres. Y, en el caso de la UPF, manteniendo un nivel de inserción laboral considerable, sobre todo si tenemos en cuenta las elevadas tasas de paro entre los más jóvenes: en el caso de los graduados, según el último estudio publicado por AQU Catalunya, trabaja un 87 % y, en el caso de los doctorados de la UPF, el porcentaje llegaría al 96 % según un reciente estudio propio.

Todo esto lo hacemos con una subvención pública a la baja desde 2010 y con un gasto público en becas y ayudas bastante inferior a la media de la OCDE. Una falta de inversión que, trasladada a Cataluña, significa que, hasta ahora, el 80 % de los jóvenes catalanes cursaba sus estudios sin ninguna beca (y digo “hasta ahora” porque, frente a los escenarios económicos que se vislumbran, me temo que esta situación puede agravarse en los próximos años).

Por tanto, sin querer concluir este artículo exponiendo, una vez más, la situación económica que padecemos las universidades públicas, creo necesario hacer hincapié en que es imprescindible que, entre todos, corrijamos esta situación. Porque, en la medida en que las universidades podamos continuar con nuestra misión no solo formaremos a mejores profesionales, perfeccionando por tanto nuestro sistema económico, sino que también formaremos a ciudadanos más capaces, con mayor capacidad deliberativa, más comprometidos con la libertad y la igualdad de todos.

En un sistema en crisis a todos los niveles, la universidad pública no es el problema: forma parte de la solución.

Jaume Casals

Rector de la Universidad Pompeu Fabra